Palestina ha denunciado este martes a Israel por crímenes de guerra y otros delitos ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riad Malki, ha presentado a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, un pliego de cargos para que el tribunal investigue “crímenes y violaciones” relacionados con la “actividad colonial israelí bajo la ocupación en los asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este”. La petición de investigación incluye la reciente muerte de decenas de manifestantes palestinos en la frontera de la franja de Gaza por disparos de soldados israelíes.
El jefe de la diplomacia de Palestina ha invocado la condición de Estado miembro desde hace tres años del Estatuto de Roma, por el que se creó la CPI, para reclamar a la fiscalía que examine los casos denunciados. Ente otros, se incluye la muerte de civiles sin causa legal, la expulsión de población palestina en los territorios ocupados, la apropiación ilegal de sus tierras, la demolición de sus casas y locales, y la política de Israel de «detenciones arbitrarias”.
“El régimen colonial practica el desplazamiento forzoso de población palestina y la transferencia ilegal de ciudadanos israelíes a un territorio bajo ocupación para perpetuar así su presencia (…) lo que incluye la expansión de los asentamientos y de sus infraestructuras vinculadas, como el Muro (barrera de separación), y el bloqueo a la franja de Gaza”, asegura un comunicado previo a la denuncia del Ministerio de Exteriores palestino.
Palestina, en calidad de Estado miembro de la CPI, está facultada para presentar la denuncia y pedir la inmediata investigación de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros delitos. Tras acusar recibo, la fiscalía tiene independencia para decidir si abre o no la indagación. En caso de que cuente con pruebas o indicios suficientes, debe solicitar autorización a los jueces para incoar diligencias formalmente.
En los últimos tres años, la fiscalía solo se ha dedicado a recabar información preliminar con relación a Palestina e Israel. Estados Unidos solicitó al presidente palestino, Mahmud Abbas, que paralizara las denuncias ante la CPI para no perjudicar los esfuerzos de mediación de la presidencia del demócrata Barack Obama ante Israel. Tras la ruptura del consenso internacional por el republicano Donald Trump, mediante el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí y el traslado de la Embajada norteamericana a la Ciudad Santa, el líder palestino ha decidido reactivar las acusaciones contra Israel ante la justicia internacional.
Israel, que no es Estado miembro de la CPI, niega a Palestina la capacidad de actuar en su contra en el tribunal de La Haya, ya que considera que, como mero Estado observador ante la ONU, carece de legitimación para presentar una demanda. Una delegación de fiscales y magistrados viajó en octubre de 2016 al Estado hebreo en una misión divulgativa destinada a evitar suspicacias y dar a conocer la tarea de la justicia penal internacional. Israel se ha negado tradicionalmente a colaborar con la CPI.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio el último aldabonazo sobre los asentamientos a Israel en diciembre de 2106 al aprobar —por unanimidad de sus miembros, salvo la abstención de EE UU, que no ejerció su derecho al veto— la resolución 2334, que negaba legitimidad a las colonias construidas desde la guerra de los Seis Días. En el territorio comprendido entre el río Jordán y la Línea Verde, que fijaba fronteras antes de 1967, se han instalado hoy unos 400.000 israelíes en 131 emplazamientos “autorizados” y en otros 97 declarados “ilegales” por el propio Gobierno israelí. La comunidad internacional no reconoce legalmente ninguno de esos asentamientos, independientemente de la calificación que les conceda el Estado hebreo. Miles de soldados están desplegados para proteger unas colonias que disponen de caudales de agua siete veces superiores a los palestinos y tienen a su servicio las principales carreteras. Otros 200.000 colonos residen en la parte oriental de Jerusalén, que fue anexionada en 1980 por decisión del Parlamento israelí.
“La impunidad de Israel debe terminar, y es hora de que sea castigado el autor del crimen –el ocupante— y no la víctima —el ocupado–”, aseguró la responsable de la Organización para la Liberación de Palestina Hanan Ashrawui tras la presentación de la denuncia en La Haya. “El hecho de que Estados Unidos y otros gobiernos no le responsabilicen de la actual situación, ha servido para que Israel se afiance en la ocupación a expensas del pueblo palestino”.
Tras los Acuerdos de Oslo de 1993, la Autoridad Palestina mantiene un teórico control exclusivo sobre la llamada área A –las grandes ciudades y su entorno–, que representa un 18% de Cisjordania. Las tropas israelíes siguen penetrando a su antojo, sin embargo, dentro de su perímetro por razones de seguridad. En otro 21% del territorio, los palestinos asumen la gestión civil mientras el Ejército se ocupa de vigilar la llamada área B, que incluye poblaciones menores. El restante 61%, el área C, se halla por completo en manos de Israel. Los mapas de Cisjordania trazados por Naciones Unidas se asemejan a una piel de leopardo, en donde cerca de tres millones de palestinos se encuentran rodeados y aislados.
