Durante años el entonces senador Torshin estuvo en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción española y de la Guardia Civil como presunto miembro de la organización mafiosa y criminal rusa Taganskaya que blanqueaba dinero en España, pero logró eludir su detención en el verano de 2013 en Palma de Mallorca gracias a un chivatazo. La relación de Torshin y el entorno de Trump constituye un elemento importante de la investigación del FBI sobre la influencia del gobierno ruso en las elecciones presidenciales de EE. UU. La diferencia sustancial es que es la primera vez que coloca a un presunto jefe de la mafia rusa en el entorno de Trump.
La detención de Butina se produce días después de que el Departamento de Justicia Norteamericano procesara a 12 agentes de la inteligencia rusa por hackear a miembros del Partido Demócrata durante las elecciones de Estados Unidos de 2016. “La misión de Butina era explotar sus conexiones con personas en Estados Unidos que tuvieran influencia en la política estadounidense con el objetivo de favorecer los intereses de Rusia”, señaló en una declaración jurada, el agente especial del FBI, Kevin Helson. La joven trabajó supuestamente a las órdenes de un oficial de alto grado del Kremlin, algo que niega tajantemente.
Butina está en prisión preventiva y si se demuestran las acusaciones lanzadas contra ella podría ser condenada a cinco años de prisión. El escrito judicial destaca que trabajó para un alto funcionario sancionado el pasado mes de abril por el Departamento del Tesoro, pero no facilita su nombre. Ese funcionario es Alexander Torshin.
El punto de entrada de Torshin, actual vicegobernador del Banco Central de Rusia, a las altas esferas de la política norteamericana fue la National Rifle Assotiation (NRA), uno de los grupos de presión más importantes de EE. UU., de la que es socio honorario “de por vida”. La NRA invirtió más de 21 millones de dólares en la campaña electoral que llevó a Trump hasta la Casa Blanca y se atribuye el éxito político de su candidato preferido.
La NRA está ligada al grupo El Derecho a Portar Armas que preside María Butina, la joven detenida como presunta espía rusa, una estudiante que bajo la sombra de Torshin ha brillado como una estrella en los círculos republicanos de Washington. Una de las primeras decisiones de Torshin cuando tomó posesión de su cargo en el Banco Central de Rusia fue nombrarla su “asistenta ejecutiva personal”.
Butina asistió a bailes de gala en Washington para celebrar la victoria de Trump y, durante la investigación de este periódico, reconoció que su jefe Torshin había sido invitado a un desayuno oficial en la Casa Blanca para el 2 de febrero de 2017, cita que se canceló la noche anterior. El exsenador ruso si logró cenar junto a Donald Trump júnior en un restaurante de Kentucky.
El abogado de Butina niega en un comunicado que sea una agente rusa y la presenta como una inquieta estudiante de Relaciones Internacionales en la American University de Washington. “No hay ninguna prueba contra ella”, afirma su letrado.
Los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan Carrau descubrieron la implicación de Torshin en el grupo criminal Taganskaya en el marco de la Operación Romanov, un mafioso ruso afincado en Palma de Mallorca. Un total de 33 conversaciones telefónicas reveladas por EL PAÍS revelan que su relación no era “puramente social” como afirma el exsenador ruso, sino de negocios.
Un documento oficial del Servicio de Información de la Guardia Civil redactado en julio de 2013 explica el papel central del jefe de Martina Butina en la trama criminal de blanqueo de capitales. El 21 de agosto de 2013 un dispositivo policía esperaba al colaborador de Putin en el aeropuerto de Palma de Mallorca para detenerlo. Había anunciado que acudiría a España a celebrar el cumpleaños de Alexander Romanov. No lo hizo. Tres fuentes policiales y judiciales aseguran que fue alertado porque fue alertado por la propia fiscalía rusa que estaba al tanto de la investigación.
Torshin negó a este periódico haber tenido ninguna relación comercial con Romanov, el mafioso ruso que fue condenado en España por blanqueo de capitales.
