Primeros reveses para el Gobierno por sus frágiles apoyos. El Gobierno ha sufrido este viernes un duro revés en pleno del Congreso de los Diputados después de que Unidos Podemos, ERC, el PDeCAT y otros grupos afines se hayan abstenido en el pleno extraordinario que debía validar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas para el periodo 2019-2021. El pleno también debía respaldar el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019 en el que trabaja la ministra de Hacienda María Jesús Montero.
Ese bloqueo visualiza la frágil mayoría que apoya al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y tendrá consecuencias casi inmediatas: el techo de gasto es esencial para que las autonomías diseñen sus presupuestos para 2019. Con el Gobierno de Rajoy, las comunidades podían incurrir en un déficit conjunto del 0,1% del PIB; tras un acuerdo del Ejecutivo y la Comisión, esa cifra se elevaba al 0,3%; 2.500 millones adicionales. Además, sin los nuevos objetivos de déficit pactados en Bruselas, el Gobierno podría verse obligado a aplicar ajustes más duros. PP y Ciudadanos llevan semanas anunciando su oposición a las propuestas de Sánchez; la abstención de Podemos y los nacionalistas dificulta los planes del Ejecutivo, que puede encontrarse con el mismo obstáculo cada vez que acuda al Parlamento.
Las primeras consecuencias son puramente económicas. Con el PP y Ciudadanos en contra y la abstención de estas fuerzas que apoyaron la moción de censura del PSOE, los planes financieros del Gobierno están condenados al fracaso. El Gobierno afrontaba una prueba de fuego después de que varios de los partidos que hicieron posible el viaje de Pedro Sánchez a la Moncloa mostraran sus discrepancias de fondo con estos objetivos. Este distanciamiento de los ocasionales socios, que aprovechan para marcar perfil, va a hacer descarrilar el proyecto presupuestario del Gobierno, que prometió un ajuste a Bruselas a cambio de suavizar el calendario de reducción de déficit.
Para superar los 169 votos en contra del PP y Ciudadanos, el PSOE necesitaba, como mínimo, el respaldo de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV. Tanto Unidos Podemos como el PDeCAT habían asegurado que la propuesta, pese al mayor margen, no les convence y es insuficiente, aunque han mantenido conversaciones infructuosas hasta última hora. Estas formaciones, junto a ERC, habían advertido de que, con indiferencia de su posición, el objetivo de déficit no pasaría la barrera del Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta. Compromís y Coalición Canaria han anunciado su abstención.
En 2012, con mayoría absoluta popular en el Congreso y el Senado, el Gobierno reformuló de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que la aprobación del techo de gasto y de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública contara con el respaldo mayoritario de ambas Cámaras. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que en el caso de que el Senado tapone el proyecto, el Ejecutivo encontrará “soluciones”, sin aludir directamente a una modificación de la ley, que por ser orgánica resultaría complicada.
Fuentes de Unidos Podemos ha justificado la abstención en que las cifras del techo de gasto impulsado por el Gobierno «deja 5.000 millones de oxígeno presupuestario por el camino». «Son unas cifras que solo miran hacia la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado», han asegurado. Para la formación liderada por Pablo Iglesias, el Gobierno tendría que haber propuesto en primer lugar la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria. «Es clave en estos momentos acelerar una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria, levantar la regla de gasto que ahoga a los Ayuntamientos y derogar los reales decretos de racionalización del gasto que ahogan la sanidad, la educación y la dependencia», han referido.
Por su parte, el PDeCAT ha alegado «falta de negociación» por parte del Gobierno para abstenerse. «Ya dijimos que había que negociar y llegar acuerdos, no ha sido así», ha subrayado en un mensaje en Twitter el portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano.
También en su cuenta de Twitter, el protavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, ha manifestado que si el Gobierno presenta en septiembre «un nuevo y más ambicioso techo de gasto» y una modificación de la ley para que el PP no pueda bloquearla en el Senado, su formación «modificará la posición».
El acuerdo de estabilidad presupuestaria aprobado por el Consejo de Ministros incluye el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, para los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que no es sometido a votación, y que se sitúa en 125.064 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al de 2018.
La nueva senda de consolidación fiscal flexibilizaba en cinco décimas el margen de déficit público para 2019, lo que supone cerca de 6.000 millones más de gasto para las Administraciones Públicas. El Gobierno contempla un déficit máximo del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% para 2020 y del 0,4% para 2021. En el desglose, el de la Administración central y el de las comunidades autónomas se reducirán hasta lograr el déficit cero en 2021. Para las entidades locales, el Gobierno contempla el equilibrio presupuestario en todo el periodo y para la Seguridad Social se reducirá del 1,1 en 2019 al 0,9 en 2020 y 0,4 en 2021. La flexibilización supone alrededor de 2.400 millones más para las comunidades, otros tantos para la Seguridad Social y unos 1.200 más de margen para el Estado.
Al no superar el trámite parlamentario en el Congreso, la ley marca un plazo máximo de un mes para remitir unos nuevos objetivos que también deberían someterse a votación en las dos Cámaras. El Gobierno también podría adoptar la senda de déficit aprobada por el anterior Ejecutivo, con lo que el techo de gasto debería ajustarse en 1.200 millones, situándose en unos 123.864 millones.
Antes del debate económico, la Cámara ha realizado la segunda votación para elegir a la candidata a administradora única provisional de la Corporación RTVE, Rosa María Mateo, que en esta segunda vuelta sí ha logrado el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara y de la mitad de los grupos.
