España es un país en el que los pensionistas y jubilados tienen un notable peso político y social. Tanto, que con apenas unos meses de protestas por las reducidas subidas que han registrando sus pensiones, ya han conseguido que el Gobierno confeccione unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) «pensados para los pensionistas», y en los que el gasto en prestaciones acapara ya el 41% del total.
En concreto, y según explicó ayer Cristóbal Montoro tras entregar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la cifra destinada al pago de pensiones en 2018 será de 144.834 millones de euros, lo que supondrá un incremento de más de 5.000 millones respecto al ejercicio anterior.
Durante la presentación de las cuentas «más sociales de la historia», el ministro de Hacienda mostró la espectacular subida que ha experimentado el gasto en pensiones, triplicándose desde los 45.340 millones de 1996. En consecuencia, el gasto en protección social, que incluye además del pago de las prestaciones, el desempleo y los servicios sociales, está ya en casi 200.000 millones de euros y supone más de la mitad del gasto total anual.
Y es que al repunte del número de beneficiarios y al incremento de la pensión media, este ejercicio hay que sumarle las importantes medidas que el Gobierno ha incluido para tratar de contener las protestas de los pensionistas, asegurarse el voto a favor de las cuentas de Ciudadanos y acumular más méritos para atraer al Partido Nacionalista Vasco (PNV) a pesar de su postura oficial de rechazo dado el contexto catalán.
Así, «tres de cada cuatro pensionistas, que suman casi siete millones de personas, se van a beneficiar de iniciativas presupuestarias que suponen incrementos de renta superiores al 0,25% que garantiza el propio sistema de pensiones», explican desde Hacienda, a lo que añaden: «La subida media de las pensiones de viudedad será de 450 euros al año; la de las pensiones mínimas, de 250 euros y las pensiones de hasta 12.040 euros subirán 100 euros de media».
