El soldado Alfonso Jesús Cabezuelo, uno de los cinco miembros de La Manada condenado a nueve años de cárcel por abusos sexuales continuados a una joven en los Sanfermines de 2016, se ha reincorporado este martes al servicio activo tras cumplir seis meses de suspensión de funciones, según recoge el Boletín Oficial de Defensa. No obstante, el Ministerio de Defensa no asignará destino a Cabezuelo, en libertad provisional desde el 22 de junio, hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.
Un portavoz de Defensa ha informado de que la ministra Margarita Robles aplicará al militar, en libertad provisional desde el 22 de junio, lo previsto en el artículo 111.3 de la Ley de la Carrera Militar, según el cual «en el supuesto de cese en la suspensión de funciones por levantamiento de la prisión preventiva, el ministro de Defensa podrá acordar por resolución motivada en la que habrán de valorarse los hechos imputados, la trascendencia social y el interés del servicio, la prohibición de solicitar y obtener destino por un periodo de tiempo que no podrá exceder del momento de dictarse sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme», Es decir, aunque Cabezuiela estará en servicio activo y cobrando la retribución antigüedad que le corresponde, no percibira el complemento de destino al menos hasta que haya sentencia firme.
Es decir, Cabezuelo estará en servicio activo, pero sin trabajar y cobrando la retribución básica y el complemento correspondiente a su empleo (sin una reducción del 25% como hasta ahora), pero no percibirá los complementos específicos asociados al destino al menos hasta que haya sentencia firme. El abogado del militar, Agustín Martínez Becerra, ha confirmado a este diario que a su defendido «le han informado verbalmente de que no está previsto que se le asigne un destino de momento».
El Boletín Oficial de Defensa ha publicado hoy una resolución según la cual Cabezuelo «queda a disposición del general jefe del mando de personal del Ejército de Tierra y adscrito a efectos administrativos a la subdelegación de Defensa en Sevilla». La suspensión de funciones para un militar es una medida cautelar temporal que solo puede durar un máximo de seis meses y se levanta «inexiorablemente» transcurrido este plazo, según explicó un Defensa.
Mariano Casado, vocal del Observatorio de la Vida Militar, había pedido que el soldado no se reincorporara a una unidad por la situación incómoda que ello generaría, tanto en él como en sus compañeros y compañeras, y por la propia imagen de las Fuerzas Armadas, hasta que se pronuncie el Supremo.
Antes de ser detenido y condenado por el abuso sexual de una joven durante los Sanfermines de 2016, el miembro de La Manada prestaba servicio en el II Batallón de la UME en Morón (Sevilla).
