Una reforma constitucional exprés para suprimir los aforamientos. Es la siguiente gran propuesta que planteará el Gobierno, y que de hecho llevará Pedro Sánchez al Consejo de Ministros en breve, en principio este viernes, con vistas a que pueda estar aprobada por las Cortes Generales en apenas 60 días. Siempre y cuando, claro, se consiga ahormar una mayoría cualificada en las Cámaras, y eso exige que esté el PP, a cuyo líder, Pablo Casado, podría pillar a contrapié esta iniciativa, pues podría ser imputado por el Tribunal Supremo por su caso del máster.
Ya desde por la mañana el equipo del presidente en La Moncloa había ido calentando motores, advirtiendo de que habría un gran anuncio durante la mañana. Y es que el de este lunes, en la Casa de América de Madrid, era el gran acto programado por el Gobierno para recobrar el impulso político después de la semana más convulsa desde que aterrizó en el poder, acto llamado no por casualidad #Avanzamos. Sánchez convocó a empresarios, intelectuales, periodistas… —la «sociedad civil»— para su primer discurso de peso desde la moción de censura. Sánchez, en efecto, lanzó un gran anuncio muy vistoso, y lo envolvió dentro de una alocución que, sin embargo, revestía menos novedades, y que pretendía sentar las bases de su proyecto con miras a 2030.
El presidente no dio demasiados detalles durante el acto. Simplemente adelantó que propondrá al Parlamento una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos de los cargos públicos. Una modificación que podría estar lista en solo 60 días desde que las Cámaras arranquen su tramitación. Por ello pidió a los grupos «altura de miras» para apoyar su propuesta, que supondría «seguir avanzando» en la senda de «ejemplaridad» que demandan los españoles. «Ejemplaridad», insistió, que es la nota característica de su Ejecutivo —han dimitido dos ministros en 100 días— y la que ya planteó durante la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy.
Fuentes del Gobierno concretaron algo más el anuncio del presidente, aunque aún hay bastantes dudas sobre la mesa. La supresión de los aforamientos afectaría a los cargos públicos —los que regula la Constitución son diputados, senadores, miembros del Gobierno—, y significaría que dejarían de tener protección para aquellos delitos que se les imputen que no estén conectados con el ejercicio de sus funciones. Es decir, que si un parlamentario, por ejemplo, es cazado ebrio al volante, tendría que dar cuentas ante un juzgado ordinario, y no ante el Supremo, como ocurre hasta ahora. La filosofía es que no se quiebre la «igualdad» entre ciudadanos, y estos vean que sus representantes públicos no cuentan con un escudo más poderoso.
¿Qué pasa con los delitos de corrupción?
La eliminación del fuero no afectaría, sin embargo, a policías o a jueces. Lo mantendrían. Y hay otro aspecto importante: los delitos de corrupción, que se cometen precisamente por razón del cargo público, seguirían siendo conocidos por un tribunal superior, y no ordinario —en el caso de parlamentarios nacionales o de miembros del Ejecutivo, el Supremo—. Pablo Casado podría verse afectado por esta reforma, en caso de que viera la luz. Sería así si para cuando se aprobase este cambio el TS no se hubiera pronunciado sobre su máster y hubiera una disposición transitoria que especificara que sí tocará de lleno a los casos en curso.
La idea del Ejecutivo es que este mismo viernes el Consejo de Ministras y Ministros apruebe una primera propuesta de reforma de la Carta Magna, que tendría que recibir a continuación los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Después, el Gobierno aprobaría el texto definitivo que enviaría a las Cortes para su tramitación. Según el artículo 167 de la Constitución, las reformas del texto de 1978 deben ser aprobadas por una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, «se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado». Y si no se logra por este último mecanismo, y «siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma».
Es decir, que en cualquier caso el PSOE necesita al PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta y, por tanto, podría llegar a vetar el cambio constitucional. Pero si no prosperase, el Gobierno contaría con un arma arrojadiza contra los populares: su negativa a despojar a los cargos públicos de sus privilegios. El artículo 167 de la Carta Magna tamibén señala que aprobada la reforma por las Cortes, será sometida a referéndum para su ratificación si lo solicitan, en un plazo de 15 días, una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras. Es decir, bastaría con que Unidos Podemos reclamase el plebiscito, y este debería convocarse. Los morados siempre han anticipado que pedirán consulta popular con cualquier retoque que se haga de la Ley Fundamental.
El Gobierno, para sacar adelante su propósito, debería reformar los artículos 71.3 («en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo») y 102.1 («la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del TS»). Además, el Ejecutivo, según fuentes de La Moncloa, tiene pretensión de modificar la redacción del artículo 49, el que habla de «disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos». Esta es una vieja demanda de los colectivos de discapacitados, que desean eliminar términos vejatorios o discriminatorios contra ellos.
De cualquier modo, se trataría de una reforma no agravada de la Constitución —la que exige la disolución inmediata de las Cortes y la convocatoria de un referéndum forzoso—, puesto que el Gobierno no habla de revisar por completo el texto de 1978 o un cambio parcial que afecta al corazón del mismo: la parte de derechos fundamentales o el Título II, el que afecta a la Corona. Por cierto que el Ejecutivo no ha precisado si también prevé despojar del aforamiento al Rey emérito, blindaje que se introdujo en 2014, tras su abdicación.
